Anthropic, la empresa detrás del asistente Claude, ha solicitado al gobierno de Albanese que conceda una “aprobación condicional” que permita a sus modelos de IA entrenarse con obras protegidas por derechos de autor en Australia bajo un esquema de exclusión voluntaria. La compañía reconoce que no podrá obtener una exención total de copyright, por lo que propone que los editores y creadores puedan optar por no que sus contenidos sean usados para el entrenamiento, manteniendo así el control sobre sus obras mientras se fomenta la innovación tecnológica.
El modelo de opt‑out consiste en que los desarrolladores de IA pueden usar cualquier contenido disponible en la red, salvo que el titular del derecho haya marcado explícitamente su obra como excluida. A diferencia de una licencia blanket, que autoriza el uso indiscriminado, esta modalidad otorga al creador la posibilidad de retirar su material antes de que sea incorporado a los entrenamientos masivos. Anthropic argumenta que, al aplicar este filtro, se reduce el riesgo de violaciones legales y se facilita la negociación con medios locales, al tiempo que se mantiene la velocidad con la que la empresa quiere lanzar sus versiones multilingües.
Los directivos de la ABC y la SBS, los servicios de radiodifusión pública australianos, han lanzado una fuerte crítica, señalando que la ausencia de marcos regulatorios claros pone en riesgo la supervivencia del periodismo de calidad. Exigen que el gobierno establezca un sistema de compensación financiera obligatoria para los medios que vean sus contenidos ser reutilizados por IA, además de normas que garanticen la protección de la información pública y la independencia editorial. Desde su perspectiva, sin estas salvaguardias la IA podría absorber la mayor parte del tráfico informativo, dejando a los periodistas sin ingresos y comprometiendo la democracia.
El potencial económico de la IA generativa es enorme: la capacidad de producir texto, imágenes y análisis a gran escala puede transformar sectores como la publicidad, el marketing y la educación. Sin embargo, los medios tradicionales temen que la reproducción masiva de sus artículos, sin una remuneración adecuada, genere una “cannibalización” de sus audiencias y de sus suscripciones. La pérdida de ingresos no solo afecta la rentabilidad de los outlets, sino que también reduce la capacidad de invertir en investigaciones periodísticas profundas, un pilar esencial para la sociedad democrática.
En el panorama regulatorio global, la Unión Europea ha aprobado la Directiva de Copyright Digital, que incluye disposiciones sobre el uso de obras protegidas en entrenamientos de IA, mientras que EE. UU. sigue interpretando el fair use de manera más flexible. Australia, al no contar aún con una legislación específica, se encuentra en una posición intermedia, lo que ha generado un debate intenso entre legisladores, empresas tecnológicas y representantes del sector mediático. La decisión que tome el gobierno australiano no solo definirá la relación entre IA y prensa local, sino que también establecerá un precedente para otras jurisdicciones que buscan equilibrar innovación y derechos de autor.
En última instancia, la discusión sobre el modelo de exclusión refleja una tensión estructural entre el impulso de la innovación tecnológica y la necesidad de preservar los modelos de negocio periodísticos. La adopción de una normativa que combine flexibilidad para la IA con mecanismos de compensación y protección de la integridad informativa podría convertirse en una hoja de ruta para otros países. Mientras tanto, la postura de Anthropic muestra que, aunque la empresa no busca una exención total, sí reconoce la importancia de dialogar con los stakeholders del ecosistema mediático para evitar conflictos legales y reputacionales que podrían frenar el desarrollo de la inteligencia artificial en Australia.
