Beeban Kidron conoce bien cómo se construyen historias con imágenes, ritmo y emociones. Fue directora de cine antes de convertirse en baronesa, activista y una de las voces más persistentes en la defensa de la seguridad digital infantil. Pero hay una escena que, según ha explicado, no puede borrar de su memoria: el rostro de una niña al descubrir que la persona con la que hablaba no era quien decía ser, y que la intimidad que había compartido podía estar siendo observada por otros.
Ese momento resume la tesis de Kidron: el problema no es solo que existan depredadores en internet, sino que grandes plataformas hayan construido productos que facilitan contacto, recomendación, anonimato y permanencia sin asumir la responsabilidad proporcional al daño potencial. Para la activista, la industria tecnológica necesita su propio “momento tabaco”: ese punto de inflexión en el que una compañía deja de negar la evidencia, acepta que su producto puede causar daño y empieza a someterse a reglas estrictas.
La comparación con el tabaco no busca equiparar todos los usos digitales con una sustancia tóxica. El argumento es más institucional. Durante décadas, la industria tabacalera minimizó riesgos, desplazó la culpa al consumidor y resistió la regulación. Hoy, buena parte de Big Tech repite patrones parecidos cuando responde a los abusos contra menores con campañas de educación digital, herramientas opcionales o discursos centrados en la responsabilidad parental. Kidron no descarta el papel de las familias, pero insiste en que no puede pedirse a padres y educadores que compitan contra equipos de ingeniería, diseño de producto, psicología conductual y algoritmos optimizados para maximizar el tiempo de uso.
El debate llega en un momento especialmente sensible. Los menores no solo consumen redes sociales: interactúan con chatbots, asistentes de IA, generadores de imagen, mundos de juego y sistemas de recomendación que pueden personalizar estímulos a escala. Eso multiplica los riesgos. Una cuenta falsa ya no necesita construir una identidad creíble durante semanas; puede apoyarse en perfiles sintéticos, mensajes automatizados, traducción instantánea o imágenes generadas para ganar confianza. La inteligencia artificial no crea por sí sola la explotación infantil, pero puede reducir el coste de producir engaño, manipulación y contenido abusivo.
Desde IAOnda, el punto clave es que la seguridad no puede tratarse como una capa posterior al lanzamiento del producto. Debe estar integrada desde el diseño: configuración privada por defecto, límites reales al contacto entre adultos y menores, auditorías independientes, transparencia sobre sistemas de recomendación, mecanismos rápidos de denuncia y restricciones a la publicidad dirigida a niños. También implica evaluar riesgos antes de desplegar funciones nuevas, no después de que aparezcan los titulares.
El marco regulatorio avanza, aunque de forma desigual. Reino Unido aprobó la Online Safety Act y ya contaba con el Children’s Code, impulsado por la propia Kidron, que obliga a las empresas a considerar el interés superior del menor. En Europa, la Digital Services Act y la AI Act introducen obligaciones de transparencia, gestión de riesgos y control sobre sistemas de alto impacto. Sin embargo, la pregunta no es solo si existen leyes, sino si los reguladores tendrán recursos, datos y autoridad para exigir cumplimiento a plataformas globales.
El “momento tabaco” de la tecnología no significaría prohibir internet a la infancia. Significaría reconocer que algunos modelos de negocio, si no se corrigen, normalizan daños previsibles. La industria puede innovar y generar oportunidades enormes, pero no puede seguir tratando la seguridad infantil como un accesorio reputacional. Para Kidron, la prueba moral es sencilla: si un producto puede poner a un niño en manos de un desconocido peligroso, la responsabilidad no empieza cuando el daño ocurre, sino cuando el producto se diseña.
