Bryce Gustafson ha dedicado más de una década a tocar puertas en Indiana como líder de la Citizens Action Coalition (CAC), una organización de consumidores y medio ambiente. En su experiencia habitual, al hablar de cualquier tema siempre encuentra a algunas personas en el bando opuesto. Pero en un reciente festival en la pequeña localidad de Monrovia, con apenas 1.600 habitantes, algo cambió: al hablar del proyecto de datacenter de Google de 550 acres (222 hectáreas), encontró una unanimidad inesperada. De las cincuenta personas con las que conversó, ninguna quería que el centro de datos se instalara en su comunidad, y al menos medio docena de simpatizantes de Trump se acercaron para preguntarle: “¿Qué demonios está haciendo él apoyando esto?”\n\nEl proyecto propuesto por Google no es un centro cualquiera. Occuparía más de 500 acres de terreno agrícola, consumiría millones de galones de agua anuales para refrigeración y requeriría una importante cantidad de electricidad, gran parte de la cual proviene todavía de combustibles fósiles en la región. Los residentes temen que el aumento de la demanda de agua agote los acuíferos locales, que la generación de ruido y luz afecte la calidad de vida y que los incentivos fiscales concedidos a la compañía reduzcan los ingresos necesarios para escuelas y servicios públicos. Estas preocupaciones no son exclusivas de Indiana; en estados como Virginia, Arizona y Oregon han surgido movimientos similares que cuestionan el modelo de expansión de los hiperescala de datos.\n\nLo llamativo es la transversalidad de la oposición. En Monrovia, votantes que normalmente apoyan a candidatos republicanos se encontraron alineados con activistas progresistas que suelen criticar a las grandes tecnológicas por su impacto ambiental y su falta de responsabilidad social. Este cruce de líneas partidistas refleja un creciente descontento con la percepción de que unas pocas corporaciones deciden, sin suficiente rendición de cuentas, sobre recursos que afectan directamente a las comunidades locales. Los votantes de Trump, acostumbrados a escuchar mensajes de “America First” y de escepticismo hacia la intervención gubernamental, perciben en los datacenters una forma de corporativismo que privilegia intereses extranjeros y tecnológicos sobre el bienestar de sus pueblos.\n\nA nivel nacional, la resistencia a los datacenters se está consolidando como un tema que trasciende la tradicional división entre demócratas y republicanos. Los demócratas pueden enmarcar la lucha como una cuestión de justicia climática y de equidad, destacando el consumo desproporcionado de recursos y la necesidad de una transición hacia energías renovables. Los republicanos, por su parte, pueden presentar la oposición como una defensa de la propiedad privada, del control local y del gasto público inepto, argumentando que los incentivos fiscales a las empresas tecnológicas representan una forma de ayuda corporativa que distorsiona el mercado libre.\n\nEste escenario abre una ventana de oportunidad para que ambos partidos reconfiguren sus plataformas. Si los demócratas logran posicionarse como defensores de las comunidades rurales frente al avance de los hiperescala, podrían ganar terreno en zonas que tradicionalmente han sido republicanas. Por otro lado, los republicanos podrían capitalizar el descontento corporativista para atraer a votantes preocupados por la autonomía local y el gasto gubernamental, siempre que logren desvincularse de la percepción de ser simplemente aliados de las grandes tecnológicas.\n\nMás allá de la táctica electoral, el debate sobre los datacenters tiene implicaciones concretas para la política pública. Las decisiones sobre zonificación, uso del agua, subsidios energéticos y requisitos de energía renovable están cada vez más sujetas a la presión ciudadana. Un movimiento unificado podría impulsar legislaciones que exijan mayor transparencia en los acuerdos de incentivos fiscales, establezcan límites al consumo de agua en zonas áridas o promuevan la integración de energía limpia en los centros de datos como condición para su aprobación.\n\nEn última instancia, el enfrentamiento en Monrovia es un indicador de que el poder de las grandes tecnológicas ya no es aceptado de forma pasiva. La capacidad de los ciudadanos de organizar una oposición transpartidista sugiere que la industria del cloud deberá enfrentar un escrutinio cada vez más riguroso, no solo por su impacto económico, sino también por su huella ambiental y social. Para los partidos políticos, la cuestión no es solo cuál se beneficiará en el corto plazo, sino cómo adaptarán sus narrativas y políticas a un electorado que comienza a ver a los proveedores de infraestructura digital como actores cuyas decisiones merecen el mismo nivel de debate que cualquier otro proyecto de infraestructura tradicional.