La administración Biden está preparando el terreno para una de las expansiones más agresivas de la política de seguridad tecnológica nacional en décadas. Según revelaciones recientes, el Departamento del Tesoro está impulsando internamente un paquete de medidas que ampliarían sustancialmente el alcance de la Orden Ejecutiva 14105, firmada en agosto de 2023, para cortar el flujo de capital y conocimiento técnico estadounidense hacia lo que Washington define oficialmente como "países de preocupación": China —incluyendo Hong Kong y Macao—, Rusia, Irán y Corea del Norte.

El movimiento no es un simple ajuste burocrático. Las fuentes consultadas indican que la propuesta busca cerrar las lagunas que permiten a entidades estadounidenses —fondos de capital riesgo, corporaciones y hasta investigadores académicos— financiar o colaborar en proyectos de vanguardia en jurisdicciones rivales. El foco está puesto en tres pilares estratégicos: inteligencia artificial (especialmente modelos fundacionales y de doble uso), semiconductores de nodos avanzados y equipamiento de fabricación, y computaciántica (comunicaciones, sensores y computación).

«No se trata solo de dinero, se trata de ‘know-how’», explica a IAOnda un analista de política tecnológica en Washington que prefiere el anonimato. «La orden original obligaba a notificar ciertas transacciones; la nueva versión podría establecer prohibiciones categóricas para sectores enteros, eliminando la discrecionalidad del inversor». Esto supondría, en la práctica, un veto de facto a la participación de capital estadounidense en rondas de financiación de startups chinas de IA generativa, por ejemplo, o en joint ventures para fabs de chips en Rusia.

El contexto geopolítico es ineludible. La medida llega mientras la Casa Blanca negocia con aliados —Japón, Países Bajos, Corea del Sur— para alinear sus regímenes de control de exportaciones y revisión de inversiones. La aspiración de la Casa Blanca es un "pequeño patio, valla alta": proteger un conjunto reducido de tecnologías existenciales con barreras infranqueables, en lugar de intentar controlar todo el espectro tecnológico. Sin embargo, la definición de ese "pequeño patio" se estira cada trimestre.

Para el ecosistema tech hispano —fondos con LPs estadounidenses, scaleups que buscan ronda Serie B en Silicon Valley, centros de I+D en España o Latam con socios chinos— la señal es clara: el cumplimiento normativo (compliance) deja de ser un back-office para convertirse en variable estratégica de go-to-market. Los abogados especializados en CFIUS (Comité de Inversión Extranjera en EE.UU.) y en la nueva Oficina de Transacciones de Inversión Extranjera del Tesoro reportan un aluviones de consultas de clientes que hasta ahora operaban en zona gris.

La industria, previsiblemente, alerta de efectos colaterales. La Semiconductor Industry Association y la Information Technology Industry Council advierten que reglas demasiado opacas ahuyentan capital global hacia jurisdicciones más predecibles y fragmentan las cadenas de valor, encareciendo la innovación para todos. «El riesgo no es solo legal, es de competitividad», resume un socio de un fondo VC transatlántico. «Si no puedes coinvertir con el mejor talento en IA esté donde esté, pierdes la partida».

El borrador final de la norma revisada se espera para el tercer trimestre, tras el periodo de comentarios públicos. Mientras tanto, la incertidumbre regulatoria se convierte en el nuevo coste de oportunidad para cualquier jugador tecnológico con ambiciones globales. En IAOnda seguiremos el rastro del dinero —y de las prohibiciones— para que usted no pierda el siguiente movimiento del tablero.