Europa ha vuelto a poner la soberanía digital en el centro del debate político, pero el último episodio revela una contradicción incómoda: Bruselas legisla con ambición, mientras millones de ciudadanos siguen viviendo dentro de una arquitectura tecnológica diseñada en California.

El caso de Beti Hohler, ciudadana eslovena residente en Países Bajos y jueza de la Corte Penal Internacional, resume la fragilidad del modelo. Cuando la administración Trump impuso sanciones contra ella y otros colegas, su acceso a servicios cotidianos quedó bloqueado de la noche a la mañana. Tarjetas, cuentas y plataformas vinculadas a compañías estadounidenses dejaron de ser herramientas neutrales para convertirse en puntos de control geopolítico.

No fue un fallo técnico ni un ciberataque. Fue una demostración de poder. Apple, Amazon, Airbnb, Booking, Visa, Mastercard o PayPal no son solo proveedores aislados: forman parte de una capa crítica de la vida económica y social. Quien controla esas capas puede decidir quién compra, viaja, trabaja, accede a aplicaciones o participa en la economía digital.

La Unión Europea ha intentado responder con algunas de las normas más avanzadas del mundo. El Reglamento de Mercados Digitales, conocido como DMA, busca limitar el poder de los grandes gatekeepers. El AI Act pretende ordenar el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial según su nivel de riesgo. GDPR, Data Act y leyes de ciberseguridad completan un ecosistema regulatorio que, sobre el papel, sitúa a Europa como referente global.

Pero regular no equivale a tener soberanía. Una multa antimonopolio puede cambiar incentivos, pero no garantiza que una ciudadana europea pueda mantener su vida digital si una decisión política extranjera corta el acceso a pagos, cuentas o infraestructuras esenciales. La dependencia sigue ahí, especialmente en nube, publicidad, tiendas de aplicaciones, modelos de IA, chips y sistemas de pago.

El análisis de Max von Thun, director de Open Markets Institute Europe, apunta a una falta de visión más profunda. Europa parece querer reducir la dominación de las grandes tecnológicas estadounidenses, pero aún piensa demasiado dentro de su manual: escala, plataformas cerradas, captura de datos, ecosistemas propietarios y barreras de salida para usuarios y empresas.

La verdadera soberanía digital no consiste en sustituir Amazon por una empresa europea mimada por subvenciones, ni en reemplazar una dependencia por otra. Significa capacidad real de elección. Implica interoperabilidad, portabilidad de datos, estándares abiertos, alternativas de pago, infraestructuras resilientes y planes de continuidad que permitan a instituciones, empresas y ciudadanos operar incluso bajo presión externa.

Para los profesionales tech, esto tiene consecuencias prácticas. La arquitectura de software, las decisiones de procurement, la elección de proveedores cloud, la gestión de APIs y la estrategia de datos ya no son solo asuntos técnicos. También son decisiones de autonomía estratégica. Un sistema mal diseñado puede ser eficiente hoy y vulnerable mañana si depende de un único proveedor, una única jurisdicción o un ecosistema cerrado.

El reto europeo es pasar de la regulación defensiva a la construcción de alternativas creíbles. Eso exige coordinación entre política industrial, competencia, seguridad, innovación pública y adopción de tecnologías abiertas. También implica aceptar que la soberanía no se consigue solo prohibiendo abusos, sino creando condiciones para que exista competencia real.

La inteligencia artificial añade urgencia al debate. Si Europa quiere modelos fiables, trazables y adaptados a sus valores, necesitará datos accesibles, capacidad de cómputo, talento y cadenas de suministro menos dependientes. De lo contrario, el AI Act podría convertirse en una etiqueta de seguridad sobre productos construidos con infraestructuras ajenas.

El caso Hohler debería leerse como una advertencia: la soberanía digital se mide en momentos de crisis. Si una sanción, una suspensión de cuenta o un cambio de política corporativa puede desconectar a una persona de servicios básicos, Europa aún no controla su destino tecnológico.

La pregunta ya no es si Bruselas puede regular a Silicon Valley. Puede. La cuestión es si puede dejar de depender de sus reglas, sus plataformas y sus interruptores. Ahí empieza la verdadera batalla por la soberanía digital europea.