En un sector legal acostumbrado a prometer revoluciones tecnológicas cada cierto tiempo, Kyra Law ha decidido ir a contracorriente. Esta firma británica, autodenominada pionera del modelo NewMod, asegura haber integrado la inteligencia artificial de forma profunda en su operativa diaria. Lo llamativo no es solo eso, sino su confesión pública: sí, nos beneficiamos de la eficiencia que aporta la IA, pero no vamos a rebajar las tarifas que cobramos a los clientes.

Julian Ritter, cofundador de la firma, ha defendido esta postura en declaraciones a Artificial Lawyer con un argumento que conviene analizar con lupa. Según Ritter, la reducción de costes operativos no tiene por qué traducirse automáticamente en una caída de precios. La IA, en su visión, no es una herramienta para recortar facturas, sino para mejorar la calidad del servicio, ampliar capacidades y asumir案件 que antes quedaban fuera del alcance de firmas de su tamaño.

Esta filosofía choca de frente con la narrativa dominante en el mercado legal tech, donde proliferan los argumentos de que la automatización debería democratizar el acceso a servicios jurídicos. Empresas como Harvey AI o los desarrollos internos de grandes firmas como Allen & Overy han alimentado la expectativa de que la IA abarata la justicia. Kyra Law rompe ese consenso y, lejos de disculparse, lo presenta como una seña de identidad.

El modelo NewMod al que se adscribe la firma representa una tercera vía entre los bufetes tradicionales y los legaltech puros. Ni la jerarquía decimonónica de los magic circle ni la promesa de disrupción total. Ritter y su socio construyen Kyra Law como una firma nativa digital, diseñada desde cero alrededor de las posibilidades que ofrece la IA generativa, pero sin renunciar a la rentabilidad propia de un despacho profesional.

Para los profesionales tech hispanohablantes que observan desde Latinoamérica y España, este caso plantea preguntas incómodas. ¿Quién captura realmente el valor que genera la inteligencia artificial: el proveedor de tecnología, la firma intermediaria o el cliente final? La respuesta de Kyra Law es clara: el valor se queda en el ecosistema de la firma, que decide cómo reinvertirlo. Puede ser en más personal especializado, en formación, en ampliar la cartera de servicios o en mejorar márgenes.

El contexto regulatorio europeo añade una capa adicional de complejidad. Con el AI Act ya en vigor y las normativas de protección de datos en plena aplicación, las firmas que integran IA asumen costes de cumplimiento y riesgos que no existían hace apenas dos años. Ritter podría estar justificando sus precios como una compensación a esa carga regulatoria invisible para el cliente pero muy real para el operador.

También hay un componente de transparencia que merece destacarse. Pocas firmas reconocen abiertamente que la IA les hace más productivos sin trasladarlo al cliente. La mayoría prefiere vender la narrativa opuesta, aunque luego los honorarios se mantengan o suban. Esa honestidad, sea o no estratégicamente acertada, aporta oxígeno a un debate que el sector legal necesita tener sin hipocresía.

El experimento de Kyra Law todavía está en fase temprana. Habrá que observar si su propuesta de valor convence a un mercado corporativo cada vez más sofisticado, capaz de medir productivity gains con sus propios indicadores. Lo que ya es evidente es que la firma ha entendido algo que muchos competidores todavía evitan admitir: la IA no es un commodity que abarate costes por arte de magia, sino una palanca estratégica cuyo rédito final depende de decisiones empresariales muy concretas.