El discurso político en torno a la inteligencia artificial ya no es monopolio de los think‑tanks tecnológicos o de los lobistas corporativos. En los últimos meses, el debate se ha trasladado a los corrillos parlamentarios y a las asambleas de base de los partidos progresistas en toda Europa y América Latina, donde la izquierda ha emergido como un actor clave. Sin embargo, lo que prima es la discordia: aunque existe un consenso sobre la necesidad de regular la IA, las visiones sobre cómo hacerlo y cuán preocupados deberían estar los políticos difieren drásticamente.
Una corriente, a menudo liderada por voces académicas y organizaciones no gubernamentales, aboga por una postura cautelar. Defienden la necesidad de normas estrictas para mitigar el riesgo de pérdida masiva de empleos, sesgos algorítmicos y vigilancia generalizada. Para ellos, la IA actual, impulsada por grandes modelos de lenguaje como ChatGPT o las herramientas de generación de imágenes de OpenAI, representa una amenaza existencial para los trabajadores, especialmente en sectores vulnerables como la manufactura, el comercio minorista y los servicios. Citan estudios que vinculan la automatización con la precarización laboral y alertan sobre un posible efecto “destructivo” similar al de la revolución industrial, pero acelerado por la concentración de poder en manos de unas pocas empresas tecnológicas. Políticos como Bernie Sanders en Estados Unidos o figuras emergentes del PSOE en España han adoptado esta retórica, proponiendo impuestos a los ingresos generados por la IA y salvaguardas que garanticen derechos laborales básicos.
En el lado opuesto se encuentra la izquierda tecnoprogresista, que ve en la IA una herramienta para acelerar la justicia social y la eficiencia pública. Apoyan modelos de regulación más flexibles, centrados en la transparencia, la rendición de cuentas y el fomento de proyectos de código abierto que puedan ser adaptados a necesidades locales. Para ellos, la clave no es prohibir la IA, sino democratizarla. Abogan por la inversión pública en investigación, la creación de plataformas colaborativas y la implementación de un ingreso básico universal que proteja a los trabajadores durante la transición. Ejemplos de esta visión se encuentran en el modelo del “IA Act” de la Unión Europea, que combina evaluaciones de riesgo con exenciones para proyectos de alto impacto social, así como en las propuestas del partido portugués Chega, que, aunque de corte más conservador, han generado un debate sobre cómo integrar la IA sin generar desigualdad.
La fractura se hace evidente cuando se analizan las propuestas legislativas concretas. Mientras algunos partidos abogan por una moratoria temporal sobre los sistemas de IA de alto riesgo, otros prefieren un enfoque gradual que permita la experimentación controlada. Este desacuerdo se refleja también en la posición respecto a la colaboración con gigantes tecnológicos: una ala se opone rotundamente a cualquier asociación que no vaya acompañada de una condición de propiedad pública de los datos y los modelos; la otra acepta alianzas pragmáticas, siempre que se establezcan mecanismos de control democrático. El resultado es un panorama político fragmentado, donde el mismo término “regulación” puede evocar desde la protección del empleo hasta la promoción de la innovación.
Este desacuerdo no es solo académico; tiene implicaciones prácticas para la gobernanza global de la IA. Si la izquierda europea y latinoamericana no logra armonizar sus posiciones, se corre el riesgo de que el vacío normativo sea llenado por enfoques unilaterales impulsados por Estados Unidos o China, lo que podría marginar las perspectivas éticas y sociales que la izquierda pretende defender. Además, la falta de un frente común facilita que las empresas tecnológicas presionen a favor de regulaciones más laxi sólo para proteger sus intereses, socavando así cualquier intento de controlar los riesgos sistémicos.
Más allá de los parlamentos, el debate está llegando a las organizaciones de base y a los foros comunitarios, donde los trabajadores y activistas discuten cómo la IA podría redistribuir la riqueza o, por el contrario, profundizar las desigualdades. Este proceso de deliberación colectiva es esencial para que la izquierda no solo proponga leyes, sino que construya un proyecto político coherente que combine el progreso tecnológico con la protección social. Encontrar un terreno común requerirá concesiones, pero también ofrecerá la oportunidad de redefinir el papel de la tecnología en la sociedad, asegurando que sirva a los ciudadanos y no al revés.
