El valle del río Torridge, en el norte de Devon, Inglaterra, es un paisaje de postal: colinas onduladas, prados de flores silvestres y bosques antiguos que han valido la designación de Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Pero esa tranquilidad pastoral se ha roto por un proyecto que epitomiza la tensión global entre la voracidad energética de la inteligencia artificial y la preservación ambiental.

La empresa británica Atlantic Green Energy (AGE) planea construir uno de los campus de centros de datos para IA más grandes de Europa en 160 hectáreas cerca de Great Torrington. La instalación, con una capacidad prevista de 500 MW —equivalente al consumo de una ciudad mediana—, albergaría decenas de miles de GPUs de última generación para entrenar e inferir modelos de lenguaje masivos. El proyecto promete 1.500 empleos en construcción y 300 permanentes, además de una inyección económica de 10.000 millones de libras en una región económicamente deprimida.

Sin embargo, la respuesta local ha sido feroz. El grupo "Save Our Biosphere" ha movilizado a más de 3.000 residentes —en una zona de apenas 15.000 habitantes— y presentado 12.000 objeciones formales al consejo del distrito de Torridge. Sus argumentos van más allá del NIMBYismo clásico: denuncian que el proyecto consumiría 15 millones de litros de agua diarios para refrigeración en una cuenca ya bajo estrés hídrico, fragmentaría corredores ecológicos críticos para especies como el murciélago de herradura mayor y el salmón atlántico, y generaría contaminación lumínica y acústica incompatible con el estatus de reserva oscura (Dark Sky Reserve) de la zona.

"No estamos en contra de la tecnología ni del progreso", declara Sarah Jennings, portavoz del grupo y agricultora de tercera generación. "Pero no puede ser que la revolución de la IA se construya sobre la destrucción de los ecosistemas que nos sostienen. La UNESCO nos dio este estatus por una razón; no es un adorno, es un compromiso legal y moral".

El conflicto refleja una tendencia global. En Estados Unidos, comunidades de Virginia a Arizona han frenado o modificado megaproyectos de centros de datos por presión sobre redes eléctricas y acuíferos. En Irlanda, moratorias de facto en Dublín han desplazado la inversión hacia Europa continental. Ahora, el Reino Unido —que aspira a ser "superpotencia de IA" según la estrategia del gobierno laborista— se enfrenta a su primer gran test de gobernanza territorial en la era de la computación masiva.

La planificación energética es el talón de Aquiles. National Grid advierte que la demanda de centros de datos en el Reino Unido podría sextuplicarse para 2030, requiriendo 20 GW adicionales —más que la capacidad nuclear actual del país—. AGE promete energía 100% renovable mediante acuerdos de compra (PPAs) y una granja solar adyacente de 200 MW, pero los críticos señalan que la intermitencia solar requerirá respaldo de gas o importaciones en invierno, desplazando energía limpia de otros usos.

El caso de Devon del Norte será un referente. Si el Secretario de Estado para Ciencia, Innovación y Tecnología anula la decisión local invocando "interés nacional", sentará un precedente para imponer infraestructura de IA sobre protecciones ambientales. Si respalda a la comunidad, obligará a repensar la localización de la computación de alto rendimiento: quizás en zonas industriales degradadas, cerca de exceso de energía eólica marina o en climas fríos que reducen refrigeración.

Mientras tanto, en Great Torrington, las pancartas de "No al centro de datos, sí a la biosfera" ondean junto a las banderas de San Jorge. La batalla del siglo XVII entre realistas y parlamentaristas en estas calles decidió el destino político de Inglaterra. La de hoy, entre algoritmos y ecología, podría decidir quién controla el territorio en la era de la inteligencia artificial.