Monterey Park, un suburbio de Los Ángeles, se convirtió en el primer municipio de la historia de Estados Unidos en prohibir la construcción de centros de datos mediante un voto ciudadano. El 8 de noviembre, día de las elecciones federales, 3.2 mil residentes acudieron a las urnas para aprobar con más del 60 % de las papeletas una medida que impide la instalación de centros de almacenamiento y procesamiento de información en su territorio.
La decisión no es simplemente un gesto local; es un precedente que puede influir en políticas tecnológicas a nivel nacional. En los últimos años, la expansión de los centros de datos ha sido un motor clave de la economía digital, pero también ha generado controversia por su huella energética, impacto ambiental y la concentración de poder de las grandes empresas tecnológicas.
¿Qué implica la prohibición?
La ordenanza, aprobada por la Asamblea Municipal, prohíbe la construcción de nuevos centros de datos y la expansión de los existentes en el límite de 2 kilómetros alrededor del centro de la ciudad. Además, establece que cualquier proyecto que busque operar en zonas residenciales debe someterse primero a un proceso de evaluación de impacto ambiental y social.
El texto legal permite que la medida sea anulada únicamente mediante una nueva iniciativa ciudadana, lo que significa que la comunidad debe volver a votar para revertirla. Este mecanismo crea un nivel de protección que evita que legisladores estatales o federales la deshagan de manera unilateral.
Contexto técnico y ambiental
Los centros de datos son responsables de almacenar y procesar la enorme cantidad de datos que genera el internet. Según el informe de 2023 de la Electric Power Research Institute (EPRI), estos centros consumen aproximadamente el 1 % de la energía eléctrica mundial, con un pico de consumo que excede a algunas ciudades enteras. Además, la refrigeración, que puede representar hasta el 30 % del consumo total, añade presión sobre los recursos hídricos y la infraestructura climática.
Monterey Park, con su clima mediterráneo y altos niveles de radiación solar, se enfrenta a desafíos de gestión del agua y a la necesidad de garantizar la resiliencia energética. La prohibición se percibe como una medida preventiva para proteger los recursos locales y evitar la externalización de la carga energética.
Reacción de la industria
Las empresas de tecnología, especialmente gigantes como Amazon Web Services, Google Cloud y Microsoft Azure, han manifestado su preocupación. Un portavoz de AWS afirmó que “la expansión de la infraestructura de datos es vital para la innovación y la competitividad global”, mientras que un representante de Google destacó la necesidad de “estándares de sostenibilidad que incluyan la ubicación de los centros”.
Por otro lado, startups locales de tecnología verde, como EcoData Solutions, ven la medida como una oportunidad para promover soluciones de microcentros de datos que utilizan energías renovables y tecnologías de refrigeración pasiva.
Opinión de expertos
El Dr. Luis Rodríguez, profesor de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de California, Davis, explica que la prohibición es un “caso de política pública que equilibra la necesidad de infraestructura digital con la protección del medio ambiente”. Rodríguez señala que “si bien la digitalización es inevitable, la ubicación estratégica de los centros de datos debe considerar la disponibilidad de recursos limpios y la minimización de la huella de carbono”.
En el ámbito legal, la abogada María José Sánchez, experta en derecho tecnológico, advierte que la medida plantea preguntas sobre la jurisdicción y la competencia entre niveles de gobierno. Según Sánchez, “el conflicto entre la autonomía local y la regulación federal será un terreno fértil para litigios futuros”.
Impacto en la economía local
La prohibición podría afectar la cadena de suministro de Monterrey Park. La ciudad, que ya cuenta con una industria de servicios de TI de tamaño medio, podría perder oportunidades de generación de empleo directo en la construcción y operación de centros de datos. Sin embargo, la comunidad también podría beneficiarse de la creación de puestos de trabajo en sectores emergentes como la gestión energética, la construcción de infraestructuras verdes y el desarrollo de software de optimización de recursos.
El alcalde de Monterey Park, Carlos Estrada, subraya que la medida “no es un rechazo a la tecnología, sino un desafío a la forma en que la construimos”. Estrada concluye que la ciudad buscará atraer inversiones que cumplan con los estándares de sostenibilidad y que respeten la calidad de vida de sus habitantes.
¿Qué sigue?
La prohibición abre un debate más amplio sobre la gobernanza de la infraestructura digital en América Latina y el mundo. Países como Chile, México y Colombia están evaluando regulaciones similares que buscan equilibrar el crecimiento tecnológico con la sostenibilidad ambiental.
Para las empresas, la nueva realidad exige revisar sus estrategias de ubicación, adoptar tecnologías de refrigeración más eficientes y explorar modelos de microcentros de datos que puedan integrarse con la red eléctrica local. Para los gobiernos, la tarea es diseñar marcos regulatorios que fomenten la innovación sin sacrificar la protección de los recursos.
En definitiva, Monterey Park ha puesto en el mapa una política que, aunque local en su origen, podría servir de referencia para futuras legislaciones sobre la infraestructura digital, marcando un hito en la búsqueda de un futuro tecnológico más sostenible y responsable.
