Una coalición de más de 100 organizaciones dedicadas a la protección de menores refugiados ha expresado su firme rechazo al anuncio del gobierno del Reino Unido de implementar tecnología de inteligencia artificial para estimar la edad de solicitantes de asilo cuya mayoría de edad es cuestionada. Este sistema, que utiliza algoritmos de reconocimiento facial para determinar si un menor cumple o no los 18 años, podría derivar en errores que expongan a niños y adolescentes a condiciones de detención destinadas a adultos, según advierten las organizaciones.

La iniciativa, revelada por la Oficina de Asuntos del Interior (Home Office) el viernes, forma parte de un contrato destinado a modernizar los procesos migratorios mediante herramientas tecnológicas. Sin embargo, expertos y defensores de derechos humanos cuestionan tanto la fiabilidad de los algoritmos como su aplicación en contextos donde la vida y los derechos de las personas están en juego. La estimación facial de edad, aunque común en sectores como el marketing o la seguridad, carece de validación científica suficiente para usos legales o administrativos críticos, especialmente en poblaciones jóvenes con características físicas diversas.

Las críticas resuenan con casos anteriores en los que métodos médicos como radiografías dentales fueron usados para determinar la edad de migrantes, generando controversia por su invasión de la privacidad y su margen de error. Ahora, el uso de IA en este ámbito plantea nuevas dilemas éticos: ¿quién garantiza que los algoritmos no discriminan por raza, género o condiciones socioeconómicas? ¿Qué medidas se toman si el sistema falla y un menor es mal catalogado?

Desde la perspectiva tecnológica, los sistemas de estimación facial de edad suelen basarse en bases de datos que reflejan sesgos históricos. Un estudio reciente de la Universidad de Cambridge señaló que estos algoritmos presentan tasas de error significativamente altas en individuos de piel oscura, lo que podría traducirse en decisiones injustas para solicitantes de asilo en el Reino Unido, donde más del 30% de los migrantes son de origen africano o asiático.

La falta de transparencia en el desarrollo y prueba de estos sistemas también es un punto de preocupación. Las organizaciones exigen que se conozcan los criterios de entrenamiento de la IA, los porcentajes de error aceptados y los mecanismos para apelar decisiones automatizadas. En un escenario donde la automatización reemplaza juicios humanos, la responsabilidad legal ante errores se vuelve un terreno nebuloso.

Este caso no es aislado. En los últimos años, varios gobiernos han adoptado soluciones de IA para gestionar flujos migratorios, desde sistemas de reconocimiento facial en fronteras hasta algoritmos que predicen el riesgo de deserción. Sin embargo, la aceleración tecnológica no siempre va acompañada de marcos reguladores robustos. La Unión Europea, por ejemplo, está avanzando en directivas para garantizar la explicabilidad y auditoría de sistemas de IA, pero su implementación es lenta y no siempre se aplica a contextos migratorios.

Para los profesionales de la tecnología, esta noticia resalta la necesidad de equilibrar innovación con responsabilidad. La IA no es neutral: sus aplicaciones en políticas públicas deben someterse a rigurosas pruebas de precisión y equidad antes de su despliegue. Mientras el Reino Unido avanza con este proyecto, la presión internacional sobre su impacto en los derechos humanos será clave para definir su futuro.