La psicóloga canadiense Candice Odgers, con 25 años de estudio en salud mental adolescente, ha elevado una crítica contundente a la narrativa dominante sobre las redes sociales: prohibirles su uso a los jóvenes podría empeorar la situación. En un artículo publicado en *The Guardian*, argumenta que las medidas restrictivas ignoran el rol clave de los adultos, especialmente hombres, en la difusión de contenidos perjudiciales como la sextorsión o la desinformación. No es que defienda el acceso ilimitado a las plataformas, sino que propone reevaluar las soluciones que priorizan la prohibición sobre la regulación y la educación.
El enfoque de Odgers desafía la percepción de que los adolescentes son los únicos responsables de los daños en línea. 'Los adultos son los principales responsables de estos problemas', afirma, señalando que los hombres representan la mayoría de los casos de acoso cibernético y la propagación de falsedades. Esto no es solo un dato estadístico, sino una reflexión sobre cómo las dinámicas de poder en internet reflejan desigualdades sociales. La psicóloga subraya que, en lugar de culpar a los jóvenes por su uso de las redes, se debe abordar la cultura de tolerancia hacia comportamientos tóxicos por parte de los adultos.
La crítica no se limita a las plataformas. Odgers menciona que el debate sobre las prohibiciones distrae de problemas estructurales, como el impacto psicológico de la pandemia en los adolescentes o la salud mental de sus cuidadores. Durante la crisis de Covid-19, muchos jóvenes recurrieron a las redes para combatir el aislamiento, pero ahora se culpa a esas mismas herramientas por sus efectos negativos. Este enfoque, según la experta, es corto de vista. Ignora que las redes sociales también son espacios de apoyo, activismo y aprendizaje, especialmente para grupos marginados.
La propuesta de Odgers no es utopía, sino una llamada a políticas más nuancadas. En lugar de prohibiciones, sugiere fortalecer la detección de conductas ilegales en línea, como la sextorsión, y promover la alfabetización digital desde edades tempranas. 'No se trata de eliminar el problema, sino de enseñar a las personas a navegar en un entorno complejo', explica. Esto implica colaboración entre plataformas, gobiernos y educadores para crear mecanismos de denuncia efectivos y herramientas de protección sin restringir libertades.
La relevancia de esta perspectiva es crucial en un mundo donde la tecnología y la salud mental están entrelazadas. Para los profesionales de la tecnología, el debate sobre regulaciones como el marco de la UE (como la DSA) debe ir más allá de la prohibición de contenidos. Se requiere un enfoque interdisciplinario que combine ética, psicología y diseño de interfaces para mitigar riesgos sin sacrificar innovación. Además, en un contexto de creciente polarización digital, entender quiénes impulsan los daños en línea es clave para diseñar soluciones sostenibles.
Aunque su propuesta puede parecer radical, Odgers no defiende medidas extremas. 'Prohibir a todos los hombres de internet sería absurdo', reconoce, aunque su intención es usar este argumento para destacar la necesidad de responsabilizar a los adultos. En un mundo donde las plataformas tienen poder sobre los datos y las interacciones, la responsabilidad no puede recaer únicamente en los usuarios jóvenes. La tecnología no es el problema, sino cómo se utiliza —y quiénes la controlan.
En resumen, el debate sobre redes sociales y salud mental de los jóvenes requiere un cambio de paradigma. En lugar de buscar prohibiciones simplistas, debe centrarse en abordar las causas raíz, especialmente el rol de los adultos en la perpetuación de daños. Para los profesionales de la tecnología, esto implica un compromiso con soluciones éticas que prioricen la seguridad sin vehicularizarlas a un solo grupo. La clave está en construir un ecosistema digital más justo, donde la tecnología sirva como herramienta de empoderamiento, no de vulnerabilidad.