Timnit Gebru no se anda con rodeos. En una entrevista reciente con Wired, la reconocida investigadora en ética de la inteligencia artificial y cofundadora del Distributed AI Research Institute (DAIR) ha vuelto a colocar el dedo en la llaga: el discurso sobre el "riesgo existencial" que supone la IA no nace de la evidencia científica, sino de la conveniencia económica de quienes controlan la tecnología.

"La narrativa del fin del mundo vende", afirma Gebru. "Permite a los fundadores y a las grandes corporaciones presentarse como los únicos capaces de salvar a la humanidad, mientras concentran poder, eluden regulación y capturan miles de millones en inversión". Su argumento no es nuevo, pero gana peso en un momento en que gobiernos de todo el mundo —desde la Casa Blanca hasta la Comisión Europea— debaten marcos regulatorios basados, en parte, en premisas catastrofistas promovidas por las propias empresas que deberían regularse.

El trasfondo es conocido. Gebru fue despedida de Google en 2020 tras negarse a retirar su nombre de un artículo que alertaba sobre los sesgos y el impacto ambiental de los grandes modelos de lenguaje. Desde entonces, se ha convertido en una de las voces más incisivas contra la concentración de poder en la IA. Su crítica actual apunta a figuras como Sam Altman (OpenAI), Dario Amodei (Anthropic) o Demis Hassabis (DeepMind), que han firmado cartas abiertas advirtiendo de un "riesgo de extinción" comparable a la guerra nuclear o las pandemias.

Pero Gebru distingue entre riesgos reales y especulación. Los primeros —sesgo algorítmico, desinformación a escala, explotación laboral en el etiquetado de datos, huella de carbono masiva, concentración de mercado— están documentados y afectan a personas hoy. Los segundos —una superinteligencia autónoma que decida eliminar a la humanidad— pertenecen, según ella, al terreno de la ciencia ficción y la teología secular de Silicon Valley.

"Cuando dices que tu tecnología puede destruir el mundo, estás pidiendo que te dejen autorregularla", explica. "Es una jugada maestra: te presentas como responsable, evitas auditorías externas y consigues que los gobiernos te financien la 'seguridad' bajo tus propios términos".

El análisis de Gebru conecta con una corriente creciente en la academia y la sociedad civil. Investigadoras como Emily M. Bender, Margaret Mitchell o Meredith Whittaker llevan años señalando que el "longtermism" —la filosofía que prioriza riesgos hipotéticos futuros sobre daños presentes— desvía recursos y atención de problemas urgentes: la precariedad de los trabajadores de datos en el Sur Global, la opacidad de los modelos cerrados, la apropiación de obra creativa sin consentimiento ni compensación.

La Unión Europea, en su AI Act, ha optado por un enfoque basado en riesgo que clasifica los sistemas según su uso, no su supuesta capacidad de volverse conscientes. EE.UU., mediante la orden ejecutiva de Biden, ha exigido pruebas de seguridad a modelos frontera, pero sin definir umbrales claros. En ambos casos, el lobby de las grandes tecnológicas ha presionado para que la regulación se centre en "capacidades peligrosas" difíciles de medir, en lugar de en prácticas documentadas: recopilación masiva de datos sin licencia, falta de transparencia en el entrenamiento, ausencia de mecanismos de rendición de cuentas.

Gebru propone un camino distinto: investigación distribuida, gobernanza comunitaria, auditorías independientes obligatorias y, sobre todo, redistribución del poder. DAIR, el instituto que lidera, opera sin financiación corporativa y prioriza proyectos que beneficien a comunidades marginadas. "La IA no es una fuerza de la naturaleza", insiste. "Es un artefacto social. Qué se construye, para quién y con qué valores son decisiones políticas, no inevitabilidades técnicas".

La próxima cita clave será la cumbre de seguridad de la IA en Francia (2025), donde se negociarán estándares globales. Gebru y su red exigen asiento en la mesa para voces que no dependan de capital de riesgo. "Si la regulación la escriben los que se enriquecen con el miedo, tendremos una regulación que proteja sus beneficios, no a la ciudadanía", advierte.

En resumen: el debate sobre el riesgo existencial no es técnico, es económico. Y mientras los titulares apocalípticos acaparan portadas, los daños reales —discriminación algorítmica, vigilancia masiva, precarización laboral— siguen escalando sin freno regulatorio efectivo. La pregunta no es si la IA nos exterminará, sino quién decide qué IA se construye y a quién sirve.