En julio de 2026, más de 200 vecinos se congregaron en Mandoon Bilya, a orillas del río Helena, en los suburbios orientales de Perth. Lejos de cualquier disputa, plantaron más de 3.000 especies nativas como parte de un proyecto de restauración de humedales. La escena, cargada de esperanza, contrasta con el destino que este enclave estuvo a punto de tener.

Hasta hace poco, Mandoon Bilya era la ubicación propuesta para un centro de datos hyperscale dedicado a inteligencia artificial, uno de los más grandes planeados en Australia. La oposición conjunta de grupos aborígenes, activistas ambientales y vecinos lo frustró. Lo que iba a ser una instalación de 120 megavatios se transformó en un programa de restauración ecológica y protección del Country, como se conoce en la cultura aborigen al territorio con significado espiritual y ancestral.

Pero el caso trasciende una victoria local. A medida que la IA dispara la demanda global de infraestructura, Australia se prepara para una proliferación de centros de datos en los próximos años. Y aquí surge el gran dilema político: mientras los reguladores debaten cómo controlar los algoritmos, las comunidades aborígenes apenas han tenido participación en las decisiones sobre los recursos físicos, la tierra, el agua y la energía que hacen posible esa revolución tecnológica.

Un modelo de resistencia

La campaña contra el proyecto fue liderada por la Bibbul Ngarma Aboriginal Association, con apoyo de colectivos ecologistas y vecinales. Los desarrolladores planificaron la construcción sobre un terreno con sitios de patrimonio aborigen. Los opositores argumentaron que la instalación amenazaba un sistema fluvial con profundas conexiones culturales, además de abastecer de agua potable a Perth y sostener ecosistemas locales durante los meses más cálidos.

El conflicto puso sobre la mesa el principio de consentimiento libre, previo e informado, recogido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. También reavivó el debate sobre quién decide qué se hace con el Country en la era de la infraestructura digital.

En mayo de 2026, la propuesta fue cancelada antes de ser evaluada formalmente. Un desenlace poco habitual, pero que envía una señal clara a la industria: los proyectos de IA ya no pueden planificarse al margen de las comunidades que habitan los territorios donde se asientan los servidores, las turbinas y los cables submarinos.

Por qué importa más allá de Australia

Australia no es una excepción. En Chile, Canadá, Estados Unidos y parte de Europa, los grandes proyectos de centros de datos están chocando con comunidades locales por el consumo de agua, la huella energética y la destrucción de ecosistemas sensibles. El componente indígena añade una capa adicional: para estas comunidades, la tierra no es un recurso explotable, sino un sujeto con derechos propios.

El caso de Mandoon Bilya podría convertirse en un referente. Demuestra que una movilización sostenida, capaz de articular argumentos jurídicos, culturales y ambientales, puede frenar incluso proyectos respaldados por capital considerable. Y, sobre todo, obliga a los gobiernos a diseñar marcos regulatorios que no se limiten a la IA como software, sino que abarquen la cadena física que la sostiene.

La pregunta de fondo es incómoda para toda la industria: ¿puede la inteligencia artificial seguir expandiéndose sin cuestionar el modelo extractivo sobre el que se construye? Las comunidades aborígenes australianas acaban de plantear esa pregunta con un humedal restaurado en lugar de un centro de datos.