Los tribunales de empleo del Reino Unido han experimentado un aumento del 39 % en las reclamaciones presentadas durante el año que finalizó en marzo de 2026, según datos oficiales. El número total de casos pendientes ha saltado un 55 %, alcanzando los 64 000, lo que indica una presión sin precedentes sobre un sistema ya saturado. Lo que llama la atención es que una proporción significativa de estas demandas ha sido redactada con herramientas de inteligencia artificial, como ChatGPT o Grok, lo que ha generado una oleada de documentos extensos y, en muchos casos, basados en normativa inventada.

El uso de IA en la redacción de escritos judiciales no es nuevo, pero la reciente explosión del 39 % sugiere que la tecnología se ha democratizado entre reclamantes que buscan acelerar sus procesos sin contar con asesoría legal especializada. Los algoritmos generan textos de cientos de páginas, insertando referencias a leyes que no existen y citando jurisprudencia falsa, lo que complica la labor de los jueces y de los abogados que deben filtrar la información veraz.

Este fenómeno ha provocado que el backlog de casos sin resolver se dispare, generando retrasos que pueden durar meses o incluso años, mientras los trabajadores con verdaderas quejas quedan atrapados en una espera que erosiona su capacidad de sostenerse económicamente. La sobrecarga de documentos también obliga a los tribunales a destinar recursos humanos y tecnológicos que podrían destinarse a otras áreas críticas del sistema judicial.

Los expertos señalan que la facilidad de acceso a modelos de lenguaje grande permite a cualquier persona generar un escrito que, aunque parece profesional, carece de rigor jurídico. La ausencia de supervisión humana en la fase de redacción produce documentos que, en lugar de clarificar la situación, introducen confusión y, en algunos casos, incluso fraudes. La falta de control genera una “tragedia de los comunes” digital, donde la sobrecarga de solicitudes ineficaces ralentiza la entrega de justicia a quienes realmente la necesitan.

The Economist describió este escenario como una “tragedia of the commons, AI edition”, señalando que la proliferación de demandas generadas por IA está saturando un recurso público que depende de la confianza y la imparcialidad de los jueces. La analogía subraya que, al igual que los pastos comunes que se agotan por el uso excesivo, el sistema de resolución de conflictos laborales se ve amenazado por la masa de peticiones poco fundamentadas.

Para mitigar este problema, los legisladores británicos están estudiando medidas que incluyen la obligatoriedad de certificar la autoría humana de los escritos presentados, así como la implementación de filtros de IA que detecten citas ficticias antes de que el caso llegue a la audiencia. Además, se contempla la creación de un registro de modelos de IA autorizados para uso en procedimientos judiciales, con el objetivo de garantizar que la tecnología sirva como apoyo y no como sustituto de la argumentación legal.

En conclusión, la oleada de demandas asistidas por IA en los tribunales de empleo del Reino Unido no solo refleja la rapidez con la que la tecnología se está integrando en la vida cotidiana, sino también los riesgos de una adopción descontrolada que puede colapsar servicios esenciales. La comunidad legal, los desarrolladores de IA y los legisladores deben colaborar para establecer normas que preserven la integridad del sistema judicial y asegurar que la justicia siga siendo accesible y fiable para todos los trabajadores.